Municipios recibieron menos coparticipación de lo que cobra por salario un funcionario del Gobierno provincial
Por Daniel Miranda
El lapidario dato forma parte de la realidad de San Luis durante la pandemia. En el inicio de la emergencia el gobernador defendió a capa y espada los sueldos de la planta política que hoy superan los ingresos de un pueblo.
El Gobierno provincial repartió a principios de semana $ 34.062.260,39 en concepto de coparticipación entre los 66 municipios, es decir ciudades y pueblos.
Aunque era esperable, no dejó de ser otro factor de preocupación para los intendentes. Fue la peor decena del año en un momento de emergencia extraordinaria por la pandemia del coronavirus, que arroja el derrumbe de ingresos y un mayor nivel de gastos porque se multiplicaron las demandas.
En igual periodo de 2019 percibieron $60.775.053,32. Al cabo del año la inflación no dio tregua y la coparticipación se desplomó un 44%. En algunos distritos la caída alcanzó el 70%.
En ese contexto los municipios siguen sin encontrar contención del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que refuerza el tesoro de la Provincia con los fondos nacionales extra y no abre la mano.
De los 66 jefes comunales, 15 refrendaron un petitorio de reclamo.
Desde Terrazas del Portezuelo no bajan recursos y tampoco gestos.
Las planillas de la Contaduría General exhibieron que cuatro localidades recibieron menos de $100 mil para hacer frente al pago de sueldos, servicios, proveedores y compromisos contraídos en la crisis: son los casos de El Morro, $94.559,38; Lavaisse, $94.966,06; Alto Pelado, $99,069,12 y Zanjitas, $99.144,59. Al lado hay una larga lista de intendentes y comisionados que gestionan sumas similares.
El sueldo de un funcionario de segunda línea como es un jefe de programa oscila en promedio $130 mil, tras el primer tramo del aumento salarial del 40% aprobado para este año.
De las últimas liquidaciones también se desprende que un poco más de dos tercios de las comunas percibieron lo mismo o menos de lo que cobra un ministro. En otras palabras, 46 municipios recibieron menos de $200 mil.
Los montos de la coparticipación son oficiales, mientras que los salarios de los funcionarios son cifras extraoficiales porque el Gobierno no ha publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web institucional, el decreto de la escala del personal superior (funcionarios políticos).
Así localidades como Potrero de los Funes y El Trapiche que registraron un notable crecimiento y acaban de elevar el status institucional, debieron conformarse con $198.427,52 y $193.625,70, respectivamente. El Volcán vive una experiencia idéntica porque apenas cruzó la barrera de los $200 mil.
A poco de decretarse la cuarentena el gobernador Alberto Rodríguez Saá desechó en forma categórica la posibilidad de hacer una poda en las remuneraciones del plantel gubernamental.
"Estos días se ha hablado de que la clase política se tiene que bajar los sueldos. Esto no ayuda cuando es hecho por la parte oscura de la naturaleza humana. Quiero aclarar que si fuera necesario, el primero que se va a bajar los sueldos es el gobernador. Recibo mucho menos que un senador nacional o diputado", salió al cruce Rodríguez Saá el 31 de marzo tras dar el parte epidemiológico nocturno.
Frente al reclamo popular y de la oposición, el mandatario contestó que "no es correcto" reducir los sueldos. El senador Nacional, Claudio Poggi había propuesto horas antes un recorte como señal a la sociedad y dio el primer paso donando parte de la dieta. En el mismo sentido actuó el interbloque de legisladores de San Luis Unido.
Para cerrar el debate afirmó que la Provincia tiene espalda para hacer frente a los gastos de la crisis porque hay un fondo anticrisis, es decir “plata guardada”.
Según estimaciones, el Estado sanluiseño llegaría ahorrar unos $500 millones este año si se hubiera congelado el incremento de emolumentos de los funcionarios.
El índice de reparto de la coparticipación municipal es una cuenta pendiente de la democracia en San Luis. Es la Provincia más mezquina con sus municipios porque tiene los coeficientes más bajos de la Argentina. Con el régimen vigente Rodríguez Saá mantiene a raya a los intendentes que gestionan presupuestos cargados de gastos corrientes.
www.elchorrillero.com